No resulta inusual que la Unión Europea proporciona subsidios y asistencia financiera a sus países miembros con el fin de respaldar a empresas y trabajadores autónomos ante posibles desafíos durante momentos de incertidumbre y crisis. En el caso específico de España en 2023, el Consejo de Ministros ha solicitado a Bruselas más de 90.000 millones de euros adicionales destinados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta suma, casi 8 millones serán asignados a fondos de ayudas no reembolsables, distribuyendo entre diversos ministerios y organismos públicos para su ulterior distribución a los ciudadanos.
Un análisis del Centro de Políticas Económicas de ESADE (2022) revela que aproximadamente un tercio de estos subsidios se destinan a pequeñas y medianas empresas (PYMEs) y personas físicas, lo que equivale a alrededor de 10 millones. Esto podría indicar que este segmento de la economía española recibe no más del 20% del total de las ayudas proporcionadas por la Unión Europea. Con un presupuesto limitado, se puede afirmar que las PYMEs enfrentan considerables limitaciones al acceder a la financiación pública, ya que las oportunidades para obtener estos subsidios también son restringidas.
En calidad de país miembro, las empresas y trabajadores autónomos en España disfrutan de ciertas ventajas, como el acceso a una diversidad de programas de asistencia y financiamiento. Sin embargo, debido al desconocimiento generalizado de estos fondos, carecen de información de primera mano al respecto.
Además de esta falta de conocimiento, el principal obstáculo que complica estos procesos es la clasificación de los programas de financiación. Estos pueden categorizarse en financiación directa (administrados por la Comisión Europea) o financiación indirecta (dirigidos por las administraciones), y dependiendo de su origen, los procedimientos de solicitud varían, al igual que la información necesaria y las herramientas requeridas para llevar a cabo dichos procesos. Estas disparidades son las que comúnmente generan confusión entre el público no especializado y aumentan el riesgo de cometer errores que podrían invalidar las solicitudes.
A modo de ejemplo, el año pasado, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) expresó críticas acerca de la complejidad y la falta de accesibilidad de algunos procesos para acceder a las ayudas.
Es por eso que empresas como ImpulsaSubvenciones se han propuesto simplificar y gestionar estos procedimientos de manera más efectiva, liberando a los solicitantes de preocupaciones y mejorando sus posibilidades de obtener las subvenciones deseadas.
